Serco y G4

El otro día mencionaba al hablar de la privatización del servicio de probación el escándalo que se generó por el fraude en el que dos de las empresas privadas especializadas en prestar servicios externalizados en el ámbito de la vigilancia electrónica de penados. La Oficina del Fraude decidió finalmente lanzar una investigación formal para aclarar las responsabilidades penales. Pero bueno, no acaba de calmarse el tema cuando nos sale el veredicto de otro (ver esto también) en el que se una de ellas se ha visto metida en la administración de centros de detenidos. No tengo nada contra la iniciativa privada personalmente. Creo que hay más espacio para ella en muchos ámbitos de interés a los criminólogos. Pero determinadas funciones y servicios en los  que el incentivo es hacer más por mucho menos para atender a personas en posiciones de alta vulnerabilidad… Cuanto menos es evidente que hay que diseñar sistemas adecuados de fiscalización tras la externalización.

La triste privatización del servicio de probación

Para muchos observadores externos el National Probation Service de Inglaterra y Gales ha sido durante mucho tiempo un modelo y un referente ejemplar a la hora de pensar como desarrollar sistemas de ejecución de penas en el ámbito comunitario.  A finales del siglo pasado se iniciaba en Londres un sistema que dejaba a delincuentes en libertad bajo la condición de que se mantuvieran en contacto con misioneros de una serie de organizaciones voluntarias y religiosas. En 1907 este sistema de supervisión recibió una regulación legal que permitía a los jueces y magistrados emplear oficiales de probación. A principios de este año empleaba a cerca de 18000 profesionales encargados de supervisar a aproximadamente unas 220000 penados. Pues bien, en su demagógico afán privatizador la coalición liberal conservadora en el poder ha decido cargarse 100 años de tradición y privatizar este servicio. Aun quedara un pequeño reducto que se encargara de la supervisión de los delincuentes más peligrosos, pero la gran mayoría de los servicios serán externalizados al mejor postor, a empresas privadas que serán remuneradas en función de sus resultados. A partir del año que viene. Hoy se celebraba el debate parlamentario para aprobar la medida. Casi ninguno de los empleados sabe todavía que les ocurrirá, si su contrato será rescindido o si serán algunos de los seleccionados para el mucho más reducido sistema que funcionara desde Marzo. Ni aún se han licitado los contratos, pero ya sabemos que monstruos como SERCO o G4 aspiraran a hacerse con muchos de estos contratos. Estas dos son grandes corporaciones globales que se ha especializado en gestionar los servicios externalizados de la administración pública, hablamos de un tesoro estimado en torno a 140,000 millones de libras. Los grandes ganadores en el desmantelamiento del Estado Social. Si, SERCO, la que cobra  millones de libras al Ministerio de Justica de forma fraudulenta por servicios de vigilancia electrónica a penados que ya habían muerto o que simplemente no existían. Y G4 la misma que desarrollo un trabajo tan chapucero en la seguridad de los Juegos Olímpicos en Londres que el ejército tuvo que intervenir. Ambas están aún siendo investigadas por el Serious Fraud Office. Cuando uno ve estas cosas ya no sabe qué hacer. Un servicio que funcionaba que va a ser reemplazado por algo más costoso y sobre lo que existirá un menor control democrático.

Aquí os ofrezco unos cuantos vínculos en los que podéis seguir la historia:

Artículos en The Guardian sobre el tema:

“Chris Grayling tol to delay probation service privatisation or risk deaths”

“How to make recidivism and costs rise? Privatise probation”

Un informe de la Howard League for Penal Reform

Documentos de NAPO (el sindicato de oficiales de probación) al respecto

Unos cuantos videos sobre representantes de colectivos implicados.